Cinco alcaldes del alfoz salmantino muestran su rechazo a la Ley 7/2022 que obligará a subir la tasa de residuos a los vecinos
Los alcaldes de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín; Santa Marta de Tormes, David Mingo; Guijuelo, Roberto Martín; Villamayor, Ángel Peralvo; y Doñinos de Salamanca, Agustín Rodríguez, han ofrecido esta tarde una rueda de prensa conjunta para expresar su desacuerdo con la Ley 7/2022, que establece que, a partir de 2026, el coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos deberá ser asumido íntegramente por los ciudadanos a través de la tasa municipal.
Los regidores han manifestado que esta normativa, derivada de una directiva europea y aplicada por el Gobierno central, obligará a actualizar las tasas municipales, lo que supondrá un incremento económico para las familias. Actualmente, una parte de este servicio es sufragada por los ayuntamientos mediante subvenciones y recursos propios.
“Se trata de una imposición, en la que no ha habido ningún diálogo, ninguna transición y ningún tipo de ayuda”, ha señalado el alcalde de Carbajosa, quien ha insistido en que esta subida “no responde a una decisión municipal, sino a una obligación legal”. Martín ha recalcado que los ayuntamientos están siendo “transparentes” al explicar esta situación “a pesar de que es una medida impopular”.
En la misma línea, el alcalde de Villamayor, Ángel Peralvo, ha advertido de la falta de instrucciones claras para calcular lo que deberá pagar cada vecino: “No sabemos cómo calcular la cuantía exacta que le corresponde a cada ciudadano”.
Por su parte, el regidor de Guijuelo, Roberto Martín, ha subrayado que esta subida no conlleva una mejora del servicio: “La subida de tasas no aporta nada al ciudadano”.
David Mingo, alcalde de Santa Marta, ha mostrado también su rechazo a la ley y ha denunciado que “el Gobierno va a utilizar a los ayuntamientos para recaudar, vulnerando el principio de autonomía local”.
Ante la nueva situación, el Ayuntamiento de Carbajosa ha lamentado tener que aplicar esta actualización de tasas, asegurando que trabajará para mantener la calidad del servicio y minimizar el impacto económico sobre los vecinos, dentro de las obligaciones legales vigentes.
