Exigen una reforma “urgente y profunda” del sistema de acceso a la docencia pública no universitaria
STECyL-i manifiesta su oposición frontal al sistema de concurso-oposición vigente para las convocatorias de 2026, calificándolo de "obsoleto e injusto", y critica que el Ministerio no haya activado el grupo de trabajo prometido para su reforma. El sindicato alerta de que el sistema está en crisis "debido a temarios desfasados que priorizan la memorización, la falta de objetividad y discrecionalidad en las pruebas, y una inestabilidad normativa que genera inseguridad jurídica y errores constantes".

Ante la publicación de las convocatorias de los procesos selectivos docentes para este año en distintos territorios, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza – Intersindical de Castilla y León (STECyL-i) ha manifestado su rechazo frontal al actual modelo de concurso-oposición. La organización exige al Ministerio de Educación y Formación Profesional la apertura inmediata de un proceso real de diálogo para abordar una reforma integral del sistema de acceso a la función pública docente no universitaria.
Para el sindicato, el modelo vigente, anclado en el Real Decreto 276/2007, "se ha demostrado claramente obsoleto, ineficaz e injusto". STECyL-i y STEs-i denuncian que este sistema, "lejos de garantizar un acceso basado en los principios constitucionales de mérito, capacidad, igualdad, publicidad y objetividad, genera inseguridad jurídica y desigualdad entre los aspirantes. Esta situación provoca una creciente frustración tanto en el personal interino como en quienes acceden por primera vez a las oposiciones". Además, lamentan que, pese a que durante el curso pasado se anunció la creación de un grupo de trabajo para revisar el sistema, "el Ministerio no ha activado las negociaciones", por lo que todo apunta a que las oposiciones de 2026 volverán a celebrarse "bajo un modelo caduco que perpetúa errores estructurales".
Desde la organización sindical describen "un sistema en crisis caracterizado por graves deficiencias". En primer lugar, critican "la existencia de temarios desfasados y poco útiles que, en muchos casos, no han sufrido una revisión profunda desde hace décadas y priorizan la memorización frente al desempeño docente real, alejándose de la realidad educativa y científica actual". A esto "se suma una preocupante falta de objetividad en las pruebas, especialmente en las fases prácticas y orales, las cuales están sometidas a una alta discrecionalidad de los tribunales y a criterios desiguales entre territorios". Asimismo, señalan "la inestabilidad normativa constante y los errores recurrentes en las convocatorias, con correcciones posteriores que vulneran el principio de igualdad y convierten el acceso en una carrera de obstáculos marcada por el azar".
El sindicato también alerta sobre las plazas desiertas y los desequilibrios entre colectivos, ya que "el modelo actual no consigue cubrir toda la oferta en ciertas especialidades ni responde justamente a la estabilidad del personal interino ni a la incorporación de nuevo profesorado".
Frente a este escenario, STECyL-i reclama la convocatoria urgente de una mesa de negociación para avanzar hacia "un nuevo modelo que sea estable y previsible, con un marco estatal que ofrezca seguridad jurídica durante varios años". Las propuestas del sindicato se centran en lograr un sistema actualizado, con pruebas que evalúen competencias reales, y que sea objetivo y transparente mediante el uso de rúbricas públicas y homogéneas. Buscan un modelo equilibrado que reconozca adecuadamente la experiencia del personal interino sin cerrar el acceso a nuevas generaciones, "garantizando así la necesaria renovación de las plantillas mediante procesos ágiles, rigurosos y libres de errores administrativos".
La organización concluye con contundencia: «No podemos aceptar otro año más un sistema que hace aguas por todos lados. Los errores son constantes, las pruebas no evalúan lo que debe saber hacer el personal docente y la inseguridad entre las personas opositoras es máxima. Exigimos una negociación urgente para una reforma que el sector lleva años reclamando. La educación pública necesita un sistema de acceso moderno, justo y estable, a la altura de su importancia social».













