Las administraciones públicas, la educación y la sanidad pierden más de 33.000 empleos en enero, según CSIF
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la destrucción de 33.413 empleos públicos durante el pasado mes de enero, según los datos de afiliación a la Seguridad Social analizados por el sindicato.
En concreto, el sector de la Administración Pública perdió 13.448 puestos de trabajo, a los que se suman 13.981 bajas en Sanidad y Servicios Sociales y 5.984 empleos menos en el ámbito de la Educación, configurando un escenario que CSIF califica de preocupante por afectar a servicios esenciales para la ciudadanía.
El sindicato, mayoritario en las administraciones públicas, lamenta que estas pérdidas de empleo se produzcan en un momento especialmente delicado, sobre todo en el ámbito sanitario, coincidiendo con el incremento de enfermedades propias del invierno, la saturación de las urgencias hospitalarias, las listas de espera, la situación crítica de la Atención Primaria y el agotamiento de los profesionales.
Preocupación por la sanidad pública
CSIF considera “inadmisible” la pérdida de casi 14.000 empleos en sanidad en un solo mes, dada la situación que atraviesa el Sistema Nacional de Salud. En este sentido, el sindicato advierte de que la reducción de plantillas repercute directamente en la calidad asistencial y en la sobrecarga de trabajo de los profesionales.
Ante este escenario, CSIF recuerda que el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado en noviembre con el Ministerio de Función Pública, contempla el refuerzo del Observatorio del Empleo Público, un órgano clave para la planificación de las plantillas.
Reforzar la planificación del empleo público
El sindicato ha anunciado que velará para que se impulsen y refuercen las funciones del Observatorio del Empleo Público, con el fin de convertirlo en un instrumento efectivo de análisis y evaluación de las necesidades reales de personal en las administraciones.
CSIF propone dotar al Observatorio de mecanismos estables que permitan anticipar las necesidades de recursos humanos, evitar las fluctuaciones estacionales de plantilla y garantizar una planificación estratégica del empleo público que no deteriore la prestación de los servicios.
Además, recuerda que el propio Acuerdo Marco establece que las ofertas de empleo público deberán priorizar las dotaciones de personal directamente vinculadas a la atención a la ciudadanía, con el objetivo de asegurar servicios públicos de calidad y plantillas suficientes en ámbitos clave como la sanidad, la educación y la administración general.
