Convocada una concentración ciudadana en Castellanos de Villiquera contra la instalación de una planta de biometano
Los vecinos de Castellanos de Villiquera han convocado una concentración ciudadana para el próximo 24 de enero con el objetivo de mostrar su rechazo a la proyectada instalación de una planta de biometano en el municipio. La movilización surge, según denuncian, tras conocer el proyecto “de manera indirecta y sin información previa por parte del Ayuntamiento”.
Ante esta situación, los vecinos han iniciado los trámites para constituir la plataforma ciudadana ‘Stop Biogás Castellanos de Villiquera’, desde la que critican la falta de transparencia y de participación vecinal en un proyecto que consideran de gran impacto para la localidad. Aseguran que el Consistorio no ha ofrecido explicaciones públicas ni ha facilitado documentación alguna, lo que ha generado “una profunda preocupación y malestar entre la población”.
Los ciudadanos señalan directamente al equipo de Gobierno municipal, encabezado por Santiago Castañeda, al considerar que se ha actuado “con secretismo y oscurantismo” en una decisión que afecta de forma directa al futuro del municipio y a la calidad de vida de sus habitantes.
Alegaciones y apoyo de municipios vecinos
El conocimiento del proyecto llegó a los vecinos gracias a la colaboración de asociaciones de otros municipios, como Villamayor y Machacón, así como tras una reunión informativa celebrada el pasado 16 de enero en Calzada de Valdunciel, donde se abordó la proliferación de este tipo de infraestructuras en la comarca.
A partir de ese momento, los vecinos de Castellanos de Villiquera se vieron obligados a organizarse “en tiempo récord” para presentar alegaciones a la solicitud de autorización ambiental y al estudio de impacto ambiental, cuyo plazo finaliza el 20 de enero, ante la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
En este proceso ha sido clave la colaboración del Ayuntamiento de Calzada de Valdunciel, que ha habilitado de forma extraordinaria su registro municipal para facilitar la presentación de reclamaciones. Según informan los vecinos, se han alcanzado ya unas 300 alegaciones.
Impacto ambiental y calidad de vida
Más allá del procedimiento administrativo, la principal inquietud vecinal se centra en las posibles consecuencias ambientales y sociales del proyecto. Según denuncian, la planta tendría una capacidad cercana a las 200.000 toneladas anuales, lo que supondría un notable incremento del tráfico pesado, además de problemas de ruido, suciedad y olores derivados del transporte y tratamiento de purines y residuos orgánicos.
