CSIF reclama despolitizar la función pública y propone un pacto de Estado contra la corrupción
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado hoy al Gobierno la promoción de un pacto de Estado contra la corrupción que permita combatir de forma más eficaz las prácticas que afectan al funcionamiento de lo público y a la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Entre sus propuestas, CSIF subraya la necesidad de despolitizar la función pública, reforzando la figura del empleado público independiente y profesional frente a las designaciones por afinidad política. “Queremos una administración basada en el mérito y la capacidad, no en la afiliación a partidos”, señalan desde la organización.
Entre las principales medidas propuestas destacan:
Reducción de la libre designación de altos cargos hasta el nivel de director general, sustituyéndola por concursos públicos basados en méritos y capacidad.
Creación de un cuerpo directivo profesional formado por funcionarios de carrera, y limitación del uso de asesores políticos o personal eventual en puestos técnicos.
Implantación de un protocolo anticorrupción supervisado por empleados públicos, ajeno a los partidos.
Mayor transparencia en bolsas de empleo, concursos de traslado, gratificaciones y nombramientos para evitar opacidad y clientelismo.
Reducción drástica del número de asesores y sustitución por funcionarios especializados.
Reserva de al menos el 50 % de las plazas de las ofertas de empleo público para promoción interna y realización de concursos de traslado regulares.
CSIF también reclama reforzar las plantillas y medios materiales en la administración de Justicia, así como mejorar la logística y la tecnología para agilizar los procedimientos judiciales. Además, propone aumentar las penas por malversación de fondos públicos.
En materia fiscal, el sindicato exige un refuerzo de la Agencia Tributaria (AEAT) para intensificar la lucha contra el fraude, el contrabando y el blanqueo de capitales, así como recuperar y potenciar el Servicio de Vigilancia Aduanera. Critican que estas competencias “no están siendo aprovechadas ni reforzadas”, lo que está provocando un deterioro en los medios humanos y materiales.
Finalmente, CSIF vuelve a plantear la creación de una Policía Fiscal especializada, una propuesta que defienden desde hace cinco años, para investigar específicamente las ganancias patrimoniales no justificadas y reforzar así la lucha contra la corrupción económica.
Con estas medidas, el sindicato busca “garantizar una administración pública independiente, profesional y eficaz, blindada frente a intereses partidistas”, concluyen.
