UGT denuncia la desprotección de los profesionales del Centro de Salud Casto Prieto en Salamanca

El sindicato UGT Servicios Públicos Salamanca ha denunciado la situación de inseguridad y desprotección que sufren los trabajadores del Centro de Salud Casto Prieto, en el barrio de San José, tras la agresión física y verbal sufrida por una enfermera el pasado 13 de agosto.
La organización sindical recuerda que este centro acumula desde hace años múltiples episodios violentos contra su personal, lo que evidencia, según afirman, una “grave dejadez” de la Administración autonómica. Esta falta de protección genera un clima de miedo entre los profesionales y desincentiva que otros acepten este destino, repercutiendo directamente en la calidad de la atención sanitaria.
UGT asegura haber remitido en el último año numerosos escritos a la Gerencia de Atención Primaria, Prevención de Riesgos Laborales y la Gerencia Regional de Salud, sin que se hayan adoptado medidas contundentes. Las respuestas se han limitado a soluciones “temporales e insuficientes”, como la colocación puntual de vigilantes de seguridad cuya retirada incluso se intentó llevar a cabo.
El sindicato alerta de que no solo el centro de San José vive esta situación: enfermeras de otras zonas de salud también temen acudir solas a domicilios, lo que refleja una creciente inseguridad en toda el área sanitaria de Salamanca.
Ante ello, UGT exige a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia de Atención Primaria medidas inmediatas y sostenidas, reclamando que las agresiones se consideren “atentados contra la salud pública”. Además, advierte que, si la Administración no responde con eficacia, se intensificarán las movilizaciones y se podrían emprender acciones legales para garantizar la seguridad de los profesionales.
El sindicato recuerda que los riesgos laborales van más allá de las agresiones: las deficientes instalaciones afectan a la salud de los trabajadores, como ocurre con el área de auxiliares administrativos. En este sentido, subrayan que el abandono institucional pone en riesgo tanto a los empleados como a los pacientes.
Finalmente, UGT pregunta a la Administración autonómica “por qué no se han iniciado acciones firmes” y critica que se deje en manos de los propios trabajadores la burocracia de las denuncias, obligándoles a enfrentarse a sus agresores.













