El PSOE reclama corregir las irregularidades de la Zona de Bajas Emisiones tras las advertencias del Procurador del Común

El PSOE de Salamanca ha reclamado al Ayuntamiento de Salamanca que corrija las irregularidades detectadas en la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tras la resolución del Procurador del Común de Castilla y León, que cuestiona su legalidad y abre la puerta a su suspensión por posible nulidad.
El Procurador del Común insta al Consistorio a revisar la ordenanza en un plazo máximo de cuatro meses, para comprobar si cumple las exigencias legales y jurisprudenciales tanto desde el punto de vista formal como material. Además, advierte de que, si se detectan vicios procedimentales o sustanciales, el Ayuntamiento deberá suspender su aplicación y subsanar los defectos.
“La ZBE del PP queda en entredicho”
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Mateos, considera que la resolución confirma las críticas formuladas desde el inicio por el PSOE. “La ZBE del PP queda en entredicho tras la resolución del Procurador del Común, que viene a decir lo mismo que llevamos denunciando desde el primer momento: que esta ordenanza se aprobó sin la base técnica, jurídica y social necesaria”, afirmó.
En la misma línea, el concejal socialista Chema Collados recordó que la resolución coincide con las alegaciones presentadas por su grupo, en las que ya se advertía de la falta de datos sobre calidad del aire, de una delimitación incoherente de la ZBE, de la ausencia de estudios económicos y de una participación ciudadana insuficiente.
Falta de base técnica y jurídica
Según recoge el Procurador del Común, en el momento de aprobarse la ordenanza el Ayuntamiento no disponía de datos específicos sobre la calidad del aire en Salamanca que permitieran justificar la necesidad y proporcionalidad de las medidas restrictivas. Asimismo, durante el proceso de consulta pública no se sometió a información el proyecto técnico de delimitación y diseño de la ZBE, exigido por el Real Decreto 1052/2022, lo que pudo impedir que vecinos y colectivos afectados conocieran los fundamentos técnicos de las restricciones.
La resolución también constata que la ordenanza se aprobó sin contar previamente con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado, lo que genera inseguridad jurídica y puede conducir a su nulidad. El PSOE recuerda que Salamanca mantiene desde hace doce años el mismo plan de movilidad, sin adaptarse a nuevas formas de desplazamiento ni a normativas obligatorias como las ZBE.
Apoyo a la ZBE, pero con garantías
Desde el Grupo Municipal Socialista subrayan que apoyan la implantación de la Zona de Bajas Emisiones como herramienta para mejorar la calidad del aire y la salud de la ciudadanía, pero exigen que se haga respetando los procedimientos legales y con una base técnica sólida.
Por ello, reclaman al equipo de Gobierno del PP que revise la ordenanza, subsane los defectos señalados por el Procurador del Común y garantice un modelo de ZBE legal, transparente y eficaz, que no genere inseguridad jurídica ni perjuicios innecesarios a vecinos y sectores afectados.












