El PSOE de Salamanca pide revisar la Zona de Bajas Emisiones tras el informe del Procurador del Común
El PSOE de Salamanca ha solicitado la revisión inmediata de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) tras el informe emitido por el Procurador del Común de Castilla y León, que advierte de importantes deficiencias jurídicas y procedimentales en su implantación. El Grupo Municipal Socialista llevará una moción al próximo Pleno del Ayuntamiento de Salamanca para instar al equipo de gobierno a corregir la ordenanza.
El portavoz socialista, José Luis Mateos, ha señalado que el informe “confirma lo que venimos denunciando desde hace dos años: la ZBE del Partido Popular se hizo deprisa, mal y sin la base técnica y jurídica que exige la ley”. Mateos ha subrayado que el PSOE no pide eliminar la ZBE, sino “hacerla bien, con datos, planificación y seguridad jurídica”.
Los socialistas recuerdan que ya en febrero de 2024 presentaron alegaciones a una ordenanza que, a su juicio, se aprobó únicamente para cumplir requisitos y no perder fondos europeos, con una aplicación retrasada hasta 2029 y con numerosas carencias. Entre ellas, destacan la ausencia de datos reales de contaminación, la falta de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado —al contar Salamanca con uno de hace más de una década— y la inexistencia de un análisis del impacto social y económico de las medidas.
El informe del Procurador del Común incide precisamente en estos aspectos, advirtiendo de que se han aprobado restricciones sin un diagnóstico previo de movilidad ni de calidad del aire, lo que podría vulnerar principios básicos como el de proporcionalidad y alterar el orden lógico de actuación que exige la normativa vigente.
Por su parte, el concejal socialista Chema Collados ha explicado que la moción plantea iniciar de inmediato la revisión de la ordenanza para adaptarla plenamente a la legislación, al Real Decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones, a la jurisprudencia existente y a las consideraciones del Procurador del Común. Asimismo, se solicita la elaboración de un informe jurídico específico y, en caso de que su resultado sea desfavorable, la suspensión de la aplicación de la ordenanza hasta completar su revisión.
Collados ha advertido de que “es mucho más sensato corregir ahora que enfrentarnos en el futuro a sentencias que anulen la ordenanza o las sanciones”, y ha criticado que el Partido Popular haya utilizado fondos europeos para instalar cámaras de control en la zona monumental, “maquillando con la ZBE lo que en realidad son sanciones por acceder a una zona ya restringida”.
