David Serrada defiende en el Congreso la ley que reconoce como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma de la Ley Penitenciaria que reconoce como agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, una medida que refuerza su protección jurídica y reconoce la autoridad que ejercen en el desempeño diario de sus funciones.
Durante el debate parlamentario, el diputado socialista por Salamanca, David Serrada, defendió la iniciativa y destacó la importancia que tendrá para los profesionales del sector, especialmente en la provincia salmantina, donde se encuentra el Centro Penitenciario de Topas, uno de los complejos penitenciarios más importantes de Castilla y León.
Serrada aseguró que la aprobación de esta norma permite saldar "una deuda histórica" con miles de trabajadores que desempeñan una labor fundamental para la seguridad, la convivencia y la reinserción social. Según explicó, la nueva legislación reconoce jurídicamente una autoridad que estos profesionales ejercen diariamente dentro de los centros penitenciarios.
La reforma incorpora oficialmente la condición de agentes de la autoridad para los funcionarios de prisiones, reforzando su protección frente a agresiones y dotándolos de mayores garantías legales en el ejercicio de sus responsabilidades.
El parlamentario salmantino recordó que se trata de una reivindicación histórica del colectivo, que llevaba años reclamando este reconocimiento. Asimismo, destacó el trabajo que realizan en entornos complejos y exigentes, garantizando la seguridad de los centros, velando por la convivencia y contribuyendo al cumplimiento del mandato constitucional de la reinserción social de las personas privadas de libertad.
En su intervención, Serrada también subrayó el consenso alcanzado para sacar adelante una reforma que había quedado pendiente en anteriores legislaturas. A su juicio, la aprobación de la ley supone un paso decisivo para fortalecer los derechos de los trabajadores penitenciarios y reconocer institucionalmente la importancia de su labor.
Más de 500 empleados del Centro Penitenciario de Topas se verán beneficiados por esta modificación legislativa, que representa un importante avance en materia de protección jurídica y reconocimiento profesional para uno de los colectivos esenciales del sistema penitenciario español.
