La investigación se inició el pasado mes de julio de 2024, a raíz de la denuncia presentada por una empresa salmantina víctima de una ciberestafa en la que los delincuentes habían accedido a sus comunicaciones por correo electrónico y, tras falsificar los datos de una factura, habían logrado interceptar ilegítimamente el cobro de una transferencia bancaria de 46.801 euros.