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La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha notificado este miércoles una providencia en la que comunica a las partes personadas...
Además, el instructor del Tribunal Supremo ha denegado la autorización para que el ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE asista a la comisión de investigación en el Senado.
Concluida la instrucción, las acusaciones piden la imposición de "muy graves penas privativas de libertad" ante posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.
La comparecencia será el próximo 27 de noviembre. Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por su defensa.
Por otro lado, se ha propuesto la apertura de juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por los presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en el caso de las mascarillas.
"No se comprende con facilidad que resultara necesario contratar (...) una empresa de seguridad con el propósito de trasladar desde la cuenta de funcionamiento a la caja del partido importantes cantidades de dinero para entregarlas después en metálico a la persona que ellos designaran, en lugar de proceder, más cómodamente y sin incurrir en gastos adicionales, a realizar las compensaciones que resultaran procedentes a través de las correspondientes trasferencias”, señala el juez.
El juez señala que “no es ajeno al natural estupor que produce que una persona, frente a la que gravitan tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública, pueda mantenerse en el curso del procedimiento penal que se sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados (entre ellas, el control de la acción del Gobierno y la aprobación de normas con rango de ley). Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión”.
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El magistrado rechaza la petición del Gobierno de Navarra de personarse como acusación popular en la causa.
Cita como investigados a cinco empresarios para indagar en la adjudicación de obras públicas a cambio de precio, y también autoriza investigar cuentas suyas y de sus empresas. Pide a ADIF y a la Dirección General de Carreteras expedientes de adjudicación de obras señaladas como irregulares en el informe de la UCO. Pospone, ante el cambio de abogado, al 30 de junio la declaración de Cerdán, que será “preceptiva y en calidad de investigado” y no voluntaria tras perder el aforamiento.
"Sale a la luz lo que algunos querían ocultar y lo que nosotros siempre dijimos. Sánchez y Ábalos impulsaron una moción de censura en Castilla y León con la complicidad y la sumisión del PSOE en Castilla y León", ha sentenciado el presidente de la Junta de CyL.
