El Consejo de Gobierno ha acordado recurrir el texto legal, que "vulnera hasta diez artículos de la Constitución Española", y mediante el cual "el Ejecutivo central invade la competencia exclusiva en materia de protección y tutela de menores, causa perjuicio financiero al incrementar el número de personas acogidas y atendidas sin contraprestación económica, y provoca un agravio comparativo respecto a otras comunidades autónomas".