REDACCIÓN:
noticias@eldiariodesalamanca.com
PUBLICIDAD:
publicidad@eldiariodesalamanca.com
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado por segunda vez el sobreseimiento provisional de la causa...
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha notificado este miércoles una providencia en la que comunica a las partes personadas...
La querella presentada por Hazte Oír atribuye al ex presidente leonés presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en relación con el papel que habría desempeñado para sostener internacionalmente al régimen de Maduro.
La cantidad corresponde a gastos de notaría, de registro, gestoría y tasación. Por otro lado, el Tribunal Supremo acaba de resolver que se impongan las costas al banco cuando se estime un recurso de apelación del consumidor en procesos por cláusulas abusivas.
Concluida la instrucción, las acusaciones piden la imposición de "muy graves penas privativas de libertad" ante posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.
La comparecencia será el próximo 27 de noviembre. Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por su defensa.
La Sala Segunda del alto tribunal anticipa el fallo, que se ha dictado por mayoría de sus miembros, contra Álvaro García Ortiz, quien además deberá indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros por daños morales. Pierde además la condición de fiscal.
La resolución, que todavía no es firme, podría marcar un precedente relevante en el sector publicitario español, puesto que la publicidad que ofrecía la prensa digital española tenía que competir con la publicidad comportamental de Meta, efectuada a partir de la infracción en el tratamiento de millones de datos personales de millones de usuarios de Facebook e Instagram obtenidos no sólo de las páginas webs de Meta, sino de otras páginas de internet por las que navegaban los usuarios.
Tras acordar las medidas cautelares de comparecencias quincenales en el Juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte, el juez destaca que se han robustecido los consistentes indicios que ya pesaban contra el ex secretario general del PSOE, pero que ello no justifica por sí mismo mantener la medida cautelar excepcional de prisión.
En su contratación en la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz en 2017. La acusación popular solicita tres años de prisión para David Sánchez y el ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
"No se comprende con facilidad que resultara necesario contratar (...) una empresa de seguridad con el propósito de trasladar desde la cuenta de funcionamiento a la caja del partido importantes cantidades de dinero para entregarlas después en metálico a la persona que ellos designaran, en lugar de proceder, más cómodamente y sin incurrir en gastos adicionales, a realizar las compensaciones que resultaran procedentes a través de las correspondientes trasferencias”, señala el juez.
Santos Cerdán se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 30 de junio.
El juez señala que “no es ajeno al natural estupor que produce que una persona, frente a la que gravitan tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública, pueda mantenerse en el curso del procedimiento penal que se sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados (entre ellas, el control de la acción del Gobierno y la aprobación de normas con rango de ley). Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión”.
El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha desestimado la renuncia del ex ministro y ex secretario de Organización del...
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa penal al eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido...
Sostiene que “sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente podría ella, y los otros dos investigados, poner en práctica las conductas” que se consideran indiciariamente como constitutivas de tráfico de influencias, apropiación indebida, intrusismo y corrupción en los negocios.
El Tribunal Supremo ha dictado una providencia que recoge la composición de la Sala de siete magistrados que enjuiciará al...
El magistrado cree que tras la instrucción se aprecian "indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos" en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dictado este martes un auto en el que...
En relación con las medidas cautelares reales, el magistrado fija una fianza de 150.000 euros a García Ortiz para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar, con el apercibimiento de que, si no la presta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad.
Se trata de la parte pendiente de la subvención de 3,5 millones de euros comprometida para la construcción de la pista cubierta de atletismo de La Aldehuela. La vía del contencioso-administrativo se produce tras dos reclamaciones anteriores.
El tribunal comparte con el instructor que existe el riesgo de obstrucción de la investigación, a la vista de los indicios de que el recurrente ejercía un "papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes" en la trama que investiga el cobro de comisiones a partir de la adjudicación de obras públicas a distintas empresas.
En dos autos, el titular del Juzgado de Instrucción Dos ha adoptado estas medidas a instancia de la Fiscalía Anticorrupción después de tomarles declaración este lunes como investigados en relación con la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el marco de sus correspondientes departamentos.
La sentencia considera que ha quedado probado la falta de medidas adecuadas de ciberseguridad por parte del banco, lo que permitió la realización de múltiples transacciones fraudulentas en un corto periodo de tiempo.
