Silvia Orriols: “El sistema público de pensiones es una estafa piramidal de proporciones bíblicas”
La líder de Alianza Catalana también advierte de saturaciones y colapsos en sanidad, educación, vivienda pública y servicios sociales derivados de una “sobrerrepresentación” de la inmigración, donde hay comunidades que no aceptan la legalidad y muestran actitudes “homófobas y misóginas”.
La última sesión plenaria del Parlamento de Cataluña dejó una intervención que continúa circulando intensamente por las redes y que vuelve a poner en el foco uno de los debates más sensibles de la política española: el futuro del modelo de jubilación vigente.
Durante su turno de palabra, la líder de Alianza Catalana, Sílvia Orriols, cargó con dureza contra el sistema público de pensiones, al que definió como “una estafa piramidal de proporciones bíblicas”. Según explicó, el modelo no guarda las aportaciones individuales para la futura jubilación de cada trabajador, sino que utiliza las cotizaciones de quienes están activos para pagar las prestaciones de quienes ya se han retirado.
A juicio de Orriols, esta estructura provoca una dependencia permanente de nuevos cotizantes en la base de la pirámide y conduce inevitablemente al colapso, especialmente en un contexto de envejecimiento de la población.
La diputada cuestionó también a quienes sostienen que la inmigración puede ser una solución suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema. Consideró “absurda” la idea de que la llegada de trabajadores extranjeros pueda, por sí sola, revertir la fragilidad del modelo, y defendió que muchos no llegarían a aportar lo necesario para mantenerlo.
Su discurso fue más allá del ámbito económico. Orriols vinculó el debate de las pensiones con la presión sobre los servicios públicos y con cuestiones identitarias. Aseguró que la “sobrerrepresentación” de la inmigración en Catalunya estaría relacionada con la saturación de la sanidad, la educación, la vivienda pública y los servicios sociales, lo que, según su visión, deriva en colapsos, más listas de espera y una pérdida de calidad.
Asimismo, describió tensiones de convivencia y la presencia de comunidades que, en su opinión, no aceptan la legalidad catalana y muestran actitudes “homófobas y misóginas” que la sociedad catalana ya habría superado.
