Nueva agresión a una funcionaria de vigilancia en Topas con amenazas y golpes
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia una nueva agresión a una funcionaria de vigilancia en el centro penitenciario de Topas, ocurrida este lunes 27, y exige medidas urgentes para reforzar la seguridad, reconocer la condición de agentes de la autoridad y modernizar los medios de intervención en los centros penitenciarios.
Según explica CSIF, la funcionaria se encontraba realizando labores de vigilancia en el módulo, procediendo a evacuar la zona de celdas a la hora establecida de la mañana. Al requerir a un interno para que abandonara su celda, este reaccionó de forma violenta, profiriendo amenazas e insultos reiterados contra la trabajadora, mientras realizaba gestos obscenos de carácter sexual. El interno en vez de abandonar la celda se desnudó y se introdujo en la ducha, desobedeciendo las órdenes recibidas. Ante la situación, la funcionaria dejó encerrado en su celda al interno y esperó refuerzos para ser trasladado a aislamiento por su actitud. Durante el traslado, en el que también participó la funcionaria, esta fue agredida físicamente, recibiendo varios golpes, uno de los cuales le produjo un hematoma en el dedo pulgar de la mano derecha.
CSIF denuncia “con absoluta firmeza” que no se pueden normalizar las agresiones a los funcionarios de prisiones. Tampoco pueden tolerarse conductas intimidatorias, vejatorias o de claro componente machista contra las funcionarias penitenciarias, que desarrollan su trabajo en entornos de especial tensión y riesgo.
“La situación que vive el personal penitenciario es insostenible. Los centros penitenciarios se están convirtiendo en auténticas ollas a presión, con plantillas insuficientes, medios limitados y una normativa que no responde adecuadamente a la realidad diaria de quienes garantizan la seguridad en las prisiones”. Por ello, CSIF exige el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad; una reforma normativa clara y eficaz que refuerce la protección jurídica del personal penitenciario; la modernización de los medios coercitivos y de intervención; más medios humanos y materiales para garantizar la seguridad de los trabajadores y del propio centro; y una respuesta política inmediata ante el incremento de agresiones en el ámbito penitenciario.
CSIF insta a las fuerzas políticas a abandonar la inacción y alcanzar un acuerdo que permita modificar la legislación vigente. La autoridad del funcionario de prisiones debe quedar reflejada de forma clara, expresa y efectiva en la normativa. “No se puede seguir mirando hacia otro lado”, insiste el sindicato independiente. Cada agresión confirma que el sistema necesita una respuesta urgente. La seguridad de los funcionarios de prisiones no puede depender únicamente de su profesionalidad individual, sino de una legislación adecuada, medios suficientes y respaldo institucional real, señala.
