ASEMFO considera sobre los nuevos decretos de la Junta que “no se puede legislar a golpe de incendio, sin diálogo ni base técnica”
La Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) muestra su "firme desacuerdo" con los Decretos-Leyes 1/2025 y 2/2025 aprobados por la Junta de Castilla y León y publicados el pasado 23 de octubre en el Boletín Oficial de la Comunidad.
"Estas nuevas normas, centradas en medidas urgentes sobre el personal del operativo de incendios y sobre la gestión frente al riesgo forestal, han sido elaboradas sin diálogo previo con los agentes del sector. Como consecuencia, incorporan disposiciones que contradicen la propia opinión técnica de la Junta y que no cuentan con el respaldo de las empresas forestales. No se puede legislar para obtener rédito político”, se añade desde el colectivo, quien considera "especialmente grave" que el Decreto-Ley 1/2025 "no justifique el cambio del modelo de colaboración público-privada que ha caracterizado al Operativo de Incendios de Castilla y León, con más de 30 años de éxito contrastado".
La asociación recuerda que "es posible mejorar el modelo actual, pero no desmantelarlo para sustituirlo por un operativo exclusivamente público que no garantiza en absoluto una mayor eficiencia ni una mejor calidad del servicio". Asimismo, insiste en que la aplicación de la normativa básica de bomberos forestales "debe planificarse para todo el personal del operativo, y siempre con la participación de todos los implicados".
Impacto directo sobre la propiedad forestal
El Decreto-Ley 2/2025, por su parte, "impone nuevas obligaciones y responsabilidades a los propietarios forestales sin haber contado con su opinión y sin ofrecer ningún tipo de contraprestación, lo que genera incertidumbre y desprotección en un sector clave para la prevención de incendios", se apunta desde ASEMFO, al tiempo que se subraya que, además, "ninguno de los dos decretos incorpora una evaluación del impacto económico de las medidas que se pretenden aplicar. El aumento de presupuesto anunciado por Mañueco no es suficiente. Es más, actualmente la Junta no paga a las empresas forestales desde el mes de junio de 2025".
"El presupuesto necesario para implementarlas afecta directamente a las contribuciones de todos los ciudadanos de Castilla y León, por lo que la falta de transparencia y planificación resulta inaceptable. ASEMFO llama a la no convalidación de estos decretos en las Cortes de Castilla y León", se concluye desde la asociación.
