Por qué apoyo la movilización de jueces y fiscales
La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales de nuestro país (salvo las que se reconocen como «progresistas») han convocado una serie de movilizaciones contra las reformas de la Justicia que pretende impulsar el actual Gobierno con el apoyo de los grupos parlamentarios que lo sostienen. Unas movilizaciones que deberíamos secundar toda la comunidad jurídica y, en general, cualquier ciudadano que esté comprometido con la independencia judicial.
No dejemos que los árboles nos impidan ver el bosque: ciertamente, hay muchas cosas mejorables en la Justicia española. Pero no es eso lo que está en juego con las reformas que el Gobierno ha propuesto. Tal y como hemos ido desgranando en Hay Derecho en sendos editoriales (aquí) y (aquí), si observamos el bosque, el conjunto de estas reformas puedan dañar gravemente dos pilares fundamentales de nuestro Estado democrático de Derecho: la independencia judicial y el mérito y la capacidad en el acceso a estas altas funciones públicas, el cual, además, es baluarte de aquella independencia.
En primer lugar, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la atribución de la instrucción a los fiscales terminará comprometiendo que esa fase inicial del proceso a través de la investigación y averiguación de los delitos pueda sufrir injerencias políticas. Porque, hoy por hoy, en nuestro país los fiscales no gozan de la independencia que sí que tienen los jueces y magistrados para el desempeño de sus funciones y, para colmo, la reforma pretende reforzar aún más la posición del Fiscal General del Estado. Mientras que tengamos un Fiscal General del Estado nombrado por el Gobierno de turno y con capacidad para decidir con amplísima discrecionalidad los nombramientos de la cúpula fiscal y para dar instrucciones que orienten las actuaciones del Ministerio Público, sería un suicidio democrático atribuirles la instrucción de los procesos penales como pretende el ministro Bolaños.
De igual forma, otro de los proyectos de ley que se están estudiando pretende la modificación del acceso a la carrera judicial. Como se ha dicho, en él se apuntan algunas cuestiones que puede ser interesante debatir, como es la modalidad de examen. De hecho, soy el primero que vengo apostando por una profunda reforma de nuestro sistema de oposiciones para la alta función pública jurídica (no solo jueces, magistrados y fiscales, también abogados del Estado, notarios, etc.) en línea con lo que podríamos denominar un «MIR jurídico». Sin embargo, este proyecto esconde importantes minas que pueden comprometer severamente el mérito y la capacidad en el acceso a esta carrera.
Seguramente, la mina más peligrosa es la regularización de un millar de jueces y fiscales sustitutos a través de un proceso con perfiles difusos que tiene el claro objetivo de consolidarlos sin unas pruebas auténticamente competitivas. Como hemos advertido desde Hay Derecho, la respuesta a la justicia interina tiene que ser convocar más plazas en el turno libre de oposición y mantener un cuarto turno exigente como hasta ahora. E indemnizar debidamente allí donde haya habido abusos en la temporalidad. Pero no podemos dar por bueno es que se abran puertas traseras ni coladeros que comprometan el mérito y la capacidad. Como tampoco es aceptable que se cree un centro público para formar jueces y fiscales que esté controlado por el Gobierno, con la posibilidad de influir e introducir importantes sesgos en los futuros jueces.
Por tanto, por mucho que estos proyectos incorporen algunas medidas interesantes o que propongan debates que podamos considerar relevantes, debemos insistir en que lo que está en juego es mucho más; el bosque es otro. No se trata de una reacción corporativista de jueces y fiscales en defensa de intereses laborales o de un enroque numantino para que no se toque su sistema de oposición. El debate trasciende incluso si los jueces, como poderes del Estado, son titulares de un derecho de huelga (personalmente, creo que no, y menos aún para temas políticos, no laborales en sentido estricto). Reitero, todo ello no empaña que nos encontremos en una situación crítica para el futuro de nuestro Poder Judicial.
Sin acuerdo entre los grandes partidos, con un Gobierno que ha abrazado abiertamente el populismo en una huida hacia adelante de sus propios casos de corrupción y con unos socios abiertamente hostiles al imperio de la ley, si se consuman estas reformas pueden tener unos efectos demoledores para la independencia de la Justicia. De ahí que todos debamos movilizarnos y sumarnos a las concentraciones promovidas por jueces y fiscales.
[Artículo publicado originalmente en www.hayderecho.com]
